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PROTECCIÓN A LOS SECTORES DE MENORES INGRESOS

Autoridades de la Legislatura impulsan una exención del cargo de reconexión de EDET para hogares vulnerables

La iniciativa, presentada por el vicepresidente segundo Alfredo Toscano y respaldada por el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, propone eliminar durante un año el costo de rehabilitación del servicio eléctrico para jubilados, beneficiarios sociales y familias de bajos ingresos.

PorTendencia de noticias
19 nov, 2026 04:40 p. m. Actualizado: 20 nov, 2026 07:32 a. m. AR
Autoridades de la Legislatura impulsan una exención del cargo de reconexión de EDET para hogares vulnerables

Un proyecto impulsado desde la Mesa de Conducción de la Legislatura tucumana busca aliviar el impacto de los costos de los servicios públicos sobre los hogares de menores recursos, mediante la eliminación por un año de las tasas y cargos que EDET aplica para reconectar el suministro eléctrico cuando fue interrumpido por falta de pago. La propuesta, elaborada por el vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, y que contó con el acompañamiento del presidente subrogante Sergio Mansilla (foto inferior) apunta a evitar que las familias vulnerables deban afrontar un gasto adicional después de reunir el dinero para cancelar sus facturas o acordar un plan de pagos.


La iniciativa establece una exención temporal de los importes correspondientes a la rehabilitación o reconexión del servicio eléctrico para determinados usuarios residenciales. El beneficio alcanzaría a jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos haberes mínimos, titulares de la Tarifa Social Eléctrica y hogares cuyos ingresos no superen el valor de la Canasta Básica Total (CBT), además de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas y programas sociales equivalentes.


El texto propone que la medida tenga una duración inicial de 12 meses, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo provincial disponga una única prórroga por igual período si persisten las condiciones socioeconómicas que justifican su implementación.

En los fundamentos, Toscano plantea que el acceso a la electricidad constituye una condición esencial para la vida cotidiana y que las dificultades económicas de los hogares de menores ingresos pueden convertir el cargo de reconexión en un obstáculo adicional para recuperar un servicio básico. El proyecto sostiene que el deterioro del poder adquisitivo afecta especialmente a trabajadores informales, beneficiarios de programas sociales y jubilados y pensionados. Para respaldar ese diagnóstico, cita indicadores del INDEC según los cuales, durante el último año considerado en la iniciativa, la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 39,9%, mientras que la Canasta Básica Total aumentó un 39,2%. De acuerdo con el documento, esos incrementos superaron el ritmo de recomposición de los salarios y de los haberes previsionales mínimos.


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A ese escenario, agrega el impacto de los cambios en el esquema nacional de subsidios energéticos y las actualizaciones del Valor Agregado de Distribución autorizadas en la provincia. Los fundamentos señalan que el rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los incrementos mensuales del Índice de Precios al Consumidor, con una incidencia creciente sobre el presupuesto familiar. En ese contexto, se sostiene que la falta de pago de una factura entre los sectores vulnerables no necesariamente responde a una decisión de incumplir con las obligaciones, sino a la imposibilidad de afrontar todos los gastos. En uno de sus pasajes, expresa: “el atraso en el pago de una factura de energía eléctrica en los sectores vulnerables no responde a una voluntad de incumplimiento, sino a una imposibilidad material derivada de tener que priorizar la alimentación básica o la compra de medicamentos”.


Los fundamentos también cuestionan que, una vez cancelada la deuda o acordado un plan de pagos, el usuario deba afrontar un nuevo desembolso para recuperar el suministro. En ese sentido, describen el cargo como una carga adicional para quienes ya realizaron un esfuerzo económico para regularizar su situación. “Cuando una familia vulnerable o un jubilado que percibe el haber mínimo realiza un enorme esfuerzo económico para reunir el dinero y cancelar su deuda —o para suscribir un plan de pagos—, la exigencia adicional de abonar un cargo administrativo y operativo por reconexión actúa como una penalidad regresiva”, señala el proyecto. Y agrega: “En los hechos, este cargo funciona como una barrera económica que prolonga la privación de un servicio público esencial aun después de haber regularizado la deuda principal”.


Quiénes podrían acceder al beneficio


El artículo segundo delimita los destinatarios de la propuesta. No se trata de una exención general para todos los usuarios de EDET, sino de una medida destinada exclusivamente a titulares del servicio residencial correspondiente a la Categoría Tarifa 1 - Pequeñas Demandas que acrediten alguna de las condiciones socioeconómicas establecidas. Quedarían comprendidos:


  • Jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos garantizados por ANSES o el organismo previsional correspondiente.

  • Beneficiarios de la Tarifa Social Eléctrica de Tucumán o integrantes de hogares cuyos ingresos totales no superen la Canasta Básica Total del INDEC.

  • Titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas y programas sociales nacionales o provinciales equivalentes.


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A su vez, el artículo tercero establece que la exención regirá únicamente para el inmueble destinado a vivienda única y permanente del titular. La iniciativa aclara expresamente que el beneficio no elimina la obligación de cancelar el consumo eléctrico adeudado ni modifica los compromisos asumidos mediante convenios de pago con la distribuidora.


Uno de los aspectos centrales del proyecto es la instrumentación del beneficio. Para evitar que los potenciales destinatarios deban iniciar trámites presenciales o realizar gestiones adicionales, se propone crear un Padrón Digital Único mediante el cruce de información de distintos organismos públicos. El mecanismo contempla la articulación de bases de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), ANSES, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y organismos provinciales. La finalidad es identificar automáticamente a los titulares que reúnen los requisitos y vincular esa información con el Número de Identificación de Suministro (NIS) de cada vivienda.


El artículo cuarto dispone que “la acreditación del carácter de beneficiario de la presente ley operará de oficio y de manera automática, sin necesidad de trámite presencial ni gestión previa por parte del usuario”.


El ERSEPT sería el encargado de remitir mensualmente a EDET los listados actualizados de los suministros alcanzados para que la distribuidora aplique la exención en su sistema comercial. En caso de que un usuario cumpla las condiciones, pero todavía no figure en el padrón por demoras administrativas, podría presentar digitalmente o en forma presencial su último recibo de haberes, una constancia de ANSES o el certificado de Tarifa Social. Con esa documentación, la empresa debería aplicar el beneficio de manera inmediata.


Cobertura de costos pautada


La propuesta también fija un plazo concreto para restablecer el servicio. Una vez acreditada la cancelación de la deuda o la suscripción de un plan de facilidades de pago, EDET tendría que rehabilitar el suministro dentro de las 24 horas, sin exigir el pago previo del cargo de reconexión ni incorporarlo en facturaciones posteriores.

El proyecto contempla un mecanismo para cubrir los costos de las reconexiones eximidas y evitar que el impacto económico de la medida sea trasladado a los demás usuarios del sistema eléctrico provincial. Para ello, propone utilizar el Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Tucumán (FPEET), a través de la Subcuenta del Fondo Provincial de Subsidios Tarifarios (FPST), o los mecanismos de compensación regulatoria que determine la autoridad de aplicación. El texto establece expresamente que esos costos no podrán trasladarse a las tarifas del resto de los usuarios.


En cuanto al cumplimiento, la iniciativa establece que cualquier incumplimiento de EDET respecto de las obligaciones previstas será considerado una falta grave y podrá ser sancionado por la autoridad de aplicación. Además, contempla que, si la empresa factura o percibe indebidamente un cargo alcanzado por la exención, deberá reintegrar al usuario el doble del importe mediante una nota de crédito en la factura.


La iniciativa lleva, además de las firmas de Toscano y Mansilla, las de José Cano, Silvia Elías de Pérez y Claudio Viña.

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